La Cámara de Diputados tratará este jueves el proyecto impulsado por la oposición y que tiene el aval del Gobierno.
En un intento por poner fin a un arduo debate que podría generar mayores complicaciones en la campaña electoral, el Gobierno y la oposición acordaron aprobar este jueves, en una sesión “corta y sin agresiones”, el proyecto de ley de Emergencia Alimetaria.
La iniciativa impulsada por los bloques de diputados opositores contempla un aumento del 50% de los programas de ayuda social, y que en la práctica implicaría la inyección de fondos de entre $8.000 y $10.000 millones.
Después de una reunión reservada entre el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; el titular del Interbloque de Cambiemos, Mario Negri, y el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, el oficialismo y la oposición acordaron que este jueves habrá una sesión especial para aprobar el proyecto de emergencia alimentaria sin crear nuevos gastos para el Estado.En cambio, la medida se encuadrará en una reasignación de partidas.
Detalles de la ley
Se tratará así de un proyecto que contempla el aumento del 50% del monto destinado a los planes sociales alimentarios. Es decir, se contabilizaron de esta manera los $12.000 millones que originalmente estaban en el presupuesto 2019 para planes alimentarios más los $6.000 millones que se inyectaron tras la devaluación que hubo después de las PASO. Esto suma unos $18.000 millones, con lo cual el aumento del 50% sería de entre $8.000 y $10.000 millones.
Según Infobae, tanto el jefe de Gabinete, Marcos Peña, como el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, fueron informados de manera permanente por Negri y Monzó sobre las negociaciones parlamentarias con el peronismo.
En cuanto a la forma en que se atenderá el financiamiento de la medida si bien en el el artículo 4 no queda especificado de acuerdo con la lectura del artículo 6 se faculta al Poder Ejecutivo Nacional las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional estableciendo como límite que las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad servicios sociales.
No osbtante, quedó claro que no habrá nuevos gastos sino reasignación de partidas que deberán definir el jefe de Gabinete y Lacunza. Esta decisión prevé también dar una señal de austeridad hacia afuera tendiendo en cuenta que el FMI reclama que no haya un aumento del gasto público para desembolsar los USD 5.400 millones que aún restan del crédito lanzado el año pasado.